Dos que tienen que ver con la reestructuración de nuestro
federalismo fiscal y las finanzas públicas:
Las administraciones gubernamentales panistas buscaron con
o sin una estrategia demasiado definida, revertir el excesivo poder que el
sistema unipartidista que gobernó en México durante el siglo XX había
establecido como síntoma financiero principal del poder plenipotenciario que se
ejercía desde la cede del poder central de la Federación: fondos y dinero a
cuenta gotas para Estados y Municipios.
Lamentablemente, a los últimos dos gobiernos “les crecieron
los enanos”. El PRI se reconstruyó a partir de poderes locales a los cuales
paradójicamente se les alimentó con políticas de mayor independencia fiscal y
libertad económica que no siempre vino aparejada de transparencia y adecuada
rendición de cuentas. Lo mismo sucedió en el caso de gobiernos y camarillas
provenientes de otros partidos, e incluso de grupos que enraizaron canongías
desde el propio partido gobernante.
Los efectos de este crecimiento en el muy de por sí
castigado sistema de coordinación fiscal deben ser enfrentados ahora desde la
frialdad de los números: endeudamientos excesivos en muchas entidades y
municipios, cargas y contingencias laborales impagables, y adeudos fiscales
multimillonarios.
Vistos en el espejo de las finanzas europeas, en donde por
ejemplo, varios municipios españoles han tenido que declararse en franca
quiebra de inoperabilidad, o incluso ya en casos de nuestras tierras, existen
ayuntamientos en Chiapas, Yucatán o Tamaulipas donde se ha tenido que cerrar
las oficinas municipales por problemas de ausencia de pago de las nóminas, era
claro que en los acuerdos de gobernabilidad del nuevo estatu quo en nuestra
país, tendrían que enfatizarse nuevas acciones legislativas y administrativas
para rebertir señales de mucha preocupación en las finanzas de las entidades de
gobierno del interior.
En este contexto se inscriben dos herramientas sobre las
que me permito llamar a atención y análisis:
1.
el proyecto de Ley de Disciplina financiera de
estados y municipios; y
2.
la aplicación del programa de condonación de ISR
para entidades gubernamentales que se previó ya en la Ley de Ingresos en vigor
para 2013
El grupo parlamentario del PRI y del Partido Verde en el Senado, encabezado
por el senador Emilio Gamboa, el presidente de la Comisión de Hacienda, José
Luis Yunes, presentó el paquete de reformas e iniciativa de Ley de Disciplina
Financiera para estados y municipios.
De acuerdo con lo señalado por el periódico Excélsior, el
mismo Luis Videgaray, secretario de Hacienda y el equipo
de Fernando Aportela, subsecretario del ramo, han iniciado un
acercamiento con todas las entidades y presidentes municipales para que se
conozcan los atributos y también las medidas de responsabilidad que se pretenden,
para generar sostenibilidad, orden, transparencia y legalidad en el uso de los
recursos públicos de los gobiernos locales.
La propuesta es adicionar la fracción VI del artículo 73 de
la Constitución, para que sea el Congreso el que marque los principios
generales en materia de presupuesto, transparencia y deuda pública, a fin de
que éstos se apliquen conforme a la legislación local.
Además se propone reformar los artículos 73 fracción VIII y
117, fracción VIII que introducen el
nuevo esquema de endeudamiento para entidades de los subniveles de gobierno,
además de reformar las leyes generales de Deuda Pública y de Coordinación
Fiscal, que introducen el nuevo esquema de Deuda Estatal Garantizada.
¿Qué se prohíbe? Que contraigan deuda para financiar gastos
corriente o en exceso de 75% de las participaciones del fondo general. ¿Qué se
obtiene a cambio? Reestructuración y refinanciamiento, y bajar el costo del
servicio de la deuda para hacer sostenibles las arcas de lso Estados y
Municipios.
Según el paquete de reformas de la iniciativa de disciplina
financiera, los estados y municipios sólo podrán afectar sus participaciones
federales para pagar sus créditos (incluyendo el gasto de inversión de
proyectos de prestación de servicios) cuando sus obligaciones respaldadas con
las mismas no rebasen 75 por ciento de los ingresos disponibles.
Como señalamos, en la propuesta se incluye la creación del
mecanismo de Deuda Estatal Garantizada (DEG), la cual contará con la solvencia
del gobierno federal sujeta a la suscripción de un convenio entre el Estado y
la Secretaría de Hacienda , que permitirá acceder a créditos de manera gradual
y dependerá del cumplimiento del convenio. “El saldo total de la DEG no podrá
ser superior a 3% por del PIB y tampoco
podrá rebasar 75% de los ingresos disponibles de cada entidad. Este sistema no
es un mecanismo de rescate, ya que las obligaciones de pago siguen siendo de
las entidades”.
Para un equilibrio fiscal, las entidades no podrán
registrar déficit salvo en casos especiales, pero tendrán un periodo límite
para recuperarse.
Sobre el segundo punto, simplemente diremos que ésta ha
sido una práctica ya establecida en mecanismos de operación anteriores y que
debe procesarse a la luz de los resultados que se han obtenido en el pasado en
programas similares: se alienta la excepción, inequidad y desigualdad en el
tratamiento fiscal de ingresos otorgando beneficios intrísecos a la riqueza de
los funcionarios públicos en contrapartida con los ingresos y rentas de los
demás particulares.
Se trata de dispositivos legales mediante los cuales los
estados y municipios axceden a la excención del pago de sus obligaciones
solidarias en materia de retención de ISR por los ingresos que pagan a sus
funcionarios y trabajadores.
Ahora incluso un grupo de importantes miembros de la
comentocracia en nuestro país, con absolutas razones de peso y aprovechando las
condiciones legales actuales que rigen el juicio de amparo en nuestro país, han
acudido al poder judicial a demandar la justificada inequidad que significa el
que exista un programa que condone a las entidades gubernamentales el ISR que
retuvieron o dejaron de retener a sus funcionarios y trabajadores.
No cabe duda que estos mecanismos darán mucho de que hablar
en este 2013.
