En realidad, el presupuesto gubernamental abarca todo el sector público y debería presentarse en términos consolidados.
Para la planificación de las cuentas presupuestarias, la doctrina ha considerado cuatro grandes ejes de preparación que debieran considerarse como los cuatro propósitos fundamentales de dichas cuentas:
· Primero. Deben estructurarse de manera que faciliten el análisis de los efectos económicos y sociales de las actividades de gobierno.
· Segundo. Las cuentas deben facilitar la formulación de los programas que elaboran los proyectos para cumplir sus funciones.
· Tercero. Las cuentas presupuestarias deben contribuir a una expedida ejecución del presupuesto.
· Cuarto. Las cuentas presupuestarias deben facilitar la contabilidad fiscal.
Sin embargo, en la práctica operacional, los presupuestos en las entidades públicas, aún alineados por programa y asignación de objetivos y metas en planes operativos segmentados, siguen en realidad trabajando sobre bases de objeto del gasto a la manera de medición de ahorros y considerando normativas de ejecución presuntamente “muy estrictas” que buscan el objetivo de ejercer las partidas de presupuesto de la forma más transparente y abierta posible.
Dentro de un marco jurídico y normativo cada vez más complejo, los presupuestos sobre ajuste al gasto centran su enfoque en algunos ejes de control particular:
1. equilibrar las finanzas públicas (no gastar lo que no se tiene)
2. economizar (documentar los procesos de adquisición y adjudiciación hacia la opción más barata).
3. Reportar objetivos cumplidos en programas de trabajo.
El probema es que mantener el enfoque en estos objetivos ha generado una terrible sobre regulación y burocracia que a su ven encarece la operación administrativa cotidiana, al mismo tiempo de que no se ha logrado detener la corrupción y el fraude de funcionarios cuando se trata de manejar recursos públicos. En realidad toda la normatividad ha tenido el efecto de encarecer mucho el gasto pues hoy se tiene que cotizar muy alto al Gobierno para estar en condiciones de poder “repartir” diezmos, cubrir bastos de personal, contralorías, vigilancia y fiscalización.
Si bien es cierto que sobre todo en el Gobierno Federal, se han logrado avances muy importantes en el ejercicio de los prespuestos públicos con estartegias novedosas de adquisición como las subastas invertidas; la verdad es que a nivel estatal y municipal muy poco se ha avanzado y menos todavía se ha logrado. Conocemos de espelusnantes casos de corrupción y abuso de poder, peculado y prácticas de colusión en perjuicio del erario público de parte de funcionarios, entes privados y cualquier cantidad de terceros involucrados.
La verdadera solución a estos graves problemas estructurales en el ejercicio de la función pública está en el enfoque presupuestal sobre bases de resultados. La regulación presupuestal en entes gubernamentales debe pasar de la rendición de cuentas tradicional que se basa en la documentación evidenciada de normas y procedimientos adjudicatorios, a la medición comparativa de indicadores de gestión universales y medibles sobre datos financieros y operativos generados a la luz de contabilidades integrales.
Ante la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tendremos en pocos años un sistema integral de cuentas y reportes financieros para todos los entes públicos en el país. Este sistema debe incluir en forma mucho más énfatica, un grupo de normas que permitan establecer indicadores de gestión universales y comparables, para que en un ejercicio de verdadera transaparencia, el cuidadano de a pie pueda observar como se comportó un grupo de gobernantes en un Municipio, Estado, o entidad para estatal al llegar a los resultados que fueron planteados y no tanto en cuanto a si gastó más o menos. Esto último en términos de servicio a la comunidad y contraprestación por las contribuciones que todos pagamos no tiene mucho sentido.
