En vísperas de una reforma
fiscal en nuestro país, que llevará a pagar más impuestos, un grupo de 20
ciudadanos interpusieron un amparo impugnando una disposición propuesta por el
gobierno federal, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en la Ley de
Ingresos de la Federación 2013, que condona el impuesto sobre la renta que los
estados y municipios deben retenerle a sus trabajadores. Es un borrón y cuenta
nueva, de 2005 a la fecha, sobre el impuesto que no pagaron y una condonación
parcial de 60% para este año y de 30% para 2014. Juan Pardinas, uno de los
denunciantes, manifestó que la medida es una “mentada”, y no es para menos.
Desde 2003 ha habido siete
intentos por regularizar el ISR de los estados. Todos han fracasado. Según
estimaciones de la Conago, el ISR retenido por las entidades asciende a 40 mil
millones. Para 2010 reporta que entregaron a Hacienda 20 mil 500 millones de
pesos por este concepto. El monto del ISR pagado, como porcentaje de las
participaciones, es muy distinto para cada estado: destaca Durango (18%),
Jalisco (11%), Michoacán (11%) y la ciudad de México (10%). Con bajos niveles
de retenciones respecto de sus participaciones están Veracruz con (0.1%),
Sinaloa (1%), Coahuila (1%) y el Edomex (2%).
Por el tamaño que
representa la nómina en el gasto de los gobiernos locales y por la situación
fiscal que atraviesa la mayoría, será casi imposible que cumplan con esta
obligación. Para terminar la injusticia, las retenciones deberían formar parte
del presupuesto de estados y municipios. Con ello se evitaría la simulación y
sería el primer paso para ordenar las nóminas, que tienen un alto nivel de
subregistro y opacidad. El problema es la irresponsabilidad con que se manejan
en la mayoría las finanzas locales. Además de las medidas de transparencia que
se han impulsado en la Ley de Contabilidad Gubernamental, desde la Constitución
se tendrán que establecer reglas del juego en el manejo de las finanzas
públicas para que exista una responsabilidad compartida.
La reforma fiscal es un
gran reto y tendrá que abordarse con
total transparencia. Es tiempo de que, al igual que en Inglaterra y otros
países, crezca el cuestionamiento social sobre la legitimidad de los distintos
beneficiarios que “legalmente” no pagan sus impuestos. Hace falta una buena
dosis de indignación social para acabar con los privilegios de uno de los
sistemas tributarios mas ineficaces del mundo. Sin tabúes, sin mentadas.
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