Eficiencia recaudatoria o atropello de la ley

En esta semana el SAT anunció el registro de un número récord de contribuyentes mayor a los 36.5 millones.
Esta es sin duda una buena noticia, No puede someterse a duda que el Servicio de Administración Tributaria ha logrado avances muy significativos en la última década en muchos de los procesos de control fiscal.
El uso de la inteligencia tributaria, la profesionalización de los servidores púbicos, la aplicación de herramientas TI, y la homologación de procesos normativos de legalidad han sido renglones en donde las autoridades fiscales han logrado mucho mejores calificaciones y resultados. Tales resultados se reflejan en una mayor base de contribuyentes y una mucho mayor eficacia recaudatoria en términos de costos administrativos.
A principios del siglo el SAT gastaba en el proceso recaudatorio 13 centavos sobre cada peso que ingresaba. a la fecha del segundo informe cuatrimestral de la dependencia, solo 7 centavos de cada peso se utilizan en el camino. Y repito, estas desde luego que son buenas noticias, un país que busca el desarrollo integral requiere de autoridades fiscales fuertes y eficaces en el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, en este camino hemos perdido otras muchas cosas de igual o incluso mayor valor al de los avances expresados.
Existen para empezar algunas asignaturas administrativas en donde la autoridad actúa con absoluta arbitrariedad y con lujo de ilegalidad corporativa.
Un ejemplo de ello, son los procesos de devolución, de saldos a favor de IVA específicamente, en las administraciones locales de auditoria, por lo regular se plagan de irregularidades y de actos de verdadera arbitrariedad y discrecionalidad y abuso de poder. Aprovechando las amplias avenidas que las disposiciones fiscales prevén en este tema, los funcionarios fiscales hacen ante todo tipo de empresas solicitudes de información ociosa, repetitiva, incluyendo muchas veces afirmaciones falsas y requerimientos inverosímiles establecidos como verdaderos impedimentos ilegales para evitar el derecho a la devolución. En este sentido, los servidores públicos se aprovechan en actos de verdadero abuso de poder, del hecho de que resulta procesalmente más económico acceder en la arbitrariedad para lograr al final de un tortuoso camino la devolución a que se tiene derecho, en lugar de denunciar por las vías que corresponden jurisdiccionalmente.
Por supuesto,el avance en la eficacia recaudatoria no puede llevarse a cabo con base en este tipo de actos de arbitrariedad reiterada e indebida, implementados como verdaderas políticas integrales de operación.